En la medida que se alcance la protección de los derechos humanos en materia laboral de los cuerpos policiales y ministeriales en México, se estará dando un paso significativo para fortalecer la seguridad pública, que es una demanda central de nuestra sociedad, aseguró el Mtro. Heberto Ramos Ramos Rodríguez, Rector de la Universidad Olmeca.

La propuesta de reforma al Art. 123 Constitucional, apartado B, fracción XIII, discutida en el Conversatorio, “Dignificación laboral para los integrantes de los cuerpos policiales y ministeriales”, presentada en acompañamiento con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; nació de una petición de los alumnos de la Licenciatura en Derecho del Sistema Semiescolarizado de la Universidad Olmeca, presentada el año pasado a la Diputada Federal Liliana Madrigal.

El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró que la Constitución en el artículo constitucional discutido, trasgrede los derechos de los efectivos, ya que si un policía demuestra que fue injustamente removido de su cargo y que es un policía por vocación, la Constitución le señala que la reinstalación está prohibida”.

Indicó que la Policía es una vocación, se debe profesionalizar, “debemos ser capaces de modificar una Constitución, es paradójicamente inconstitucional; esto se conoce como ‘fraude a la Constitución’, cuando se utilizan los mecanismos de reforma para subvertir los fundamentos del Estado de Derecho y no podemos permitir que nuestro país, que México, sea el único que permita un fraude Constitucional en contra de los operadores del Sistema de Justicia”.

Por su parte, la Diputada Federal Liliana Madrigal, aseguró que ninguna estrategia de seguridad pública será efectiva si no se dignifica la labor policial para que la remuneración de las y los policías sea acorde al riesgo que tienen para hacer su trabajo.

Señaló que es urgente “poner piso parejo” en los servidores públicos del sector seguridad, pues dijo que México es el único país en Latinoamérica donde se discrimina los derechos de los elementos.

El Lic. Gustavo Rosario Torres, Secretario de Gobierno y representante del Gobernador del Estado Lic. Arturo Nuñez Jiménez, reconoció el papel de la Universidad Olmeca como factor de cambio al mencionar que en sus aulas tiene a 40 integrantes de la Secretaria de Seguridad Pública y de otras áreas, incluso de la Secretaría de Gobierno, estudiando la Licenciatura en Derecho, “en un esfuerzo por darles preparación, porque sólo dándoles esas herramientas que son intangibles pero que representan mucho, se puede hacer algo que es tan importante”.

Las preguntas detonantes que guiaron el desarrollo del conversatorio fueron “Por qué resulta importante trabajar, impulsar y tener como un objetivo del Estado el fortalecimiento a la dignificación del trabajo policial y de las personas al servicio de la procuración de justicia, y cuáles son los principales retos para lograr dicho objetivo”; y “Cómo alcanzar y superar los retos e impulsar el respeto de las garantías laborales de las personas al servicio de la procuración de justicia y la seguridad, que permitirá garantizar el bienestar a la ciudadanía en general”.

También tomaron parte del conversatorio, Óscar Rubén Aguirre Gómez, presidente de la Organización para la Dignificación y Sociabilización Policial; Dr. Orlando Camacho Nacenta, Director General del Organismo Civil México SOS y Coordinador Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia; Mtro. Jorge Alberto Aguirre Carbajal, Secretario de Seguridad Pública del Estado; Mtra. Karla Cantora, Investigadora de la UJAT; el Dip. Abel Murrieta Gutiérrez Secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la LXIII Legislatura a la H. Cámara de Diputados.

Alumnos de la UO propusieron modificar este artículo:Artículo 23 apartado B
Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal.

Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria; Hace también distinción de los trabajadores de cada uno de los poderes del Estado: Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.